Conductas indeseables

Nos contentamos porque ya no nos matamos pero no es suficiente. No hace tanto que en este país hubo una guerra civil -aún viven algunos de los que la vivieron e incluso la protagonizaron- donde entre otros asuntos que se colaron, como los personales ajustes de cuentas, principalmente se confrontaron, de la manera más extrema, mediante la búsqueda del objetivo de la aniquilación del contrario, ideas sobre lo que cada uno entendía que debía ser el mundo. Se dilucidaba, pues, el futuro, porque dichas ideas estaban cargadas de gran trascendencia. El resultado ya lo conocemos: cientos de miles de muertos y una dictadura que duró treinta y seis años.

Que hemos avanzado, no lo pongo en duda. La restauración de la democracia ha conllevado la generalizada aceptación del diálogo, en el marco imprescindible de un Estado de Derecho, como único instrumento válido para hacer prevalecer las propias ideas, salvo excepciones residuales, que todos conocemos. Es hacer prevalecer las razones y la argumentación como método de resolución de conflictos.

Por eso, ahora que lo que se dilucida, como entonces, son ideas de gran trascendencia, que conforman cómo vemos colectivamente el mundo, cómo queremos que funcionen las cosas, qué papel nos atribuimos, debemos ser especialmente cuidadosos de mantener la convicción en el logro del diálogo y preservarlo como lo que es, el mejor fruto de nuestra reciente y dramática experiencia histórica, el vehículo imprescindible para obtener acuerdos, para converger en soluciones posibles, para avanzar en el bienestar y en definitiva en la felicidad, ese objetivo tan humano y que fue plasmado como un derecho por primera vez en una constitución, en la estadounidense de 1787.

Por eso las actitudes como la expresada por la ministra Bañez, que representaba al Gobierno, ayer en la declaración oficial que hizo en el Congreso, donde después de decir que estaba a favor del diálogo “hasta la extenuación”, para inmediatamente después continuar diciendo, como si no fuera una contradicción, que” las partes troncales de la reforma no se van a cambiar”, no ayudan a mantener la convicción en este logro.

Pero tampoco lo hace el que, como todos sabemos, los “piquetes informativos” sean en realidad coactivos, mediante la increpación, el insulto, la amenaza y en muchos casos la violencia contra los bienes, y en ocasiones las personas, que también quieren ejercer su libertad y su derecho a no participar de una huelga, y ello haya sido y siga siendo algo consentido por todos los gobiernos, así como por las cúpulas sindicales, cuando no alentado desde las mismas.

Ni tampoco ayudan los señalamientos, las amenazas, las marrullerías legales, ni las represalias de los empresarios contra los empleados que con igual libertad que los que eligen trabajar, deciden secundar una huelga.

Mientras no tengamos claro que la pervivencia de todas estas conductas lo que provocan de manera inmediata es tensión, resquemores y amedrentamientos, y cuando se descontrolan daños a los bienes y a las personas, y que por encima de todo, suponen un paso atrás respecto a la convicción del logro histórico del diálogo y su función, no podremos avanzar, sino que estaremos perdiendo un tiempo precioso en la solución de los problemas. Y es que de lo que debería haber tratado este comentario hubiera tenido que ser de cómo crear riqueza, y cómo distribuirla de la manera más justa. En definitiva de qué reformas, incluida la laboral, tendrían que hacerse para obtener esos objetivos, que incluyen dar oportunidades de trabajo a ese más de un quinto de la población española en edad de trabajar.

Anuncios

Manifestación sindical del 11 de marzo de 2012 en Madrid

Momento en que estaba hablando Fernández Toxo, después de hacerlo Cándido Méndez. Pasaban 9 minutos de las dos de la tarde y la afluencia de manifestantes era escasa. En el momento del comienzo de sus intervenciones, un poco antes, apenas las personas concentradas frente al estrado colocado delante de la Puerta de Alcalá llegaban a cubrir la mitad de ese tramo de la calle de Alcalá, el que va de la Plaza de la Independencia hasta la de Cibeles.Manifestación del 14 de marzo en Madrid

Manifestación del 11 de marzo en Madrid

Momento en que comenzó la intervención de los oradores con las de los Secretarios Generales de Madrid de UGT y CCOO, sucesivamente.Manifestación del 14 de marzo en Madrid

Huelga general en España del 29 de marzo de 2012

Siento que me encuentro en una situación privilegiada para emitir mi opinión puesto que me encuentro concernido en sus dos vertientes, la que la apoya y la que la rechaza.

El apoyo se debe a que no comparto el fondo de la ideología que subyace y alimenta la reforma laboral, ese cúmulo de creencias que deposita en la iniciativa privada la eficiencia. Puede que la estadística nos diga que las empresas privadas, movidas por el ánimo de lucro, son más eficientes, más rentables, gastan menos dinero en obtener el mismo resultado, pero seguramente también nos dicen que el mejor servicio se obtiene en la empresa pública, que no tiene ningún objetivo de rentabilidad económica, sino de rentabilidad social, aunque sea más difícil de cuantificar. La encuesta realizada entre médicos especialistas, publicada hoy por una asociación de consumidores, que coloca en los dos primeros lugares en cuanto a su calidad asistencial, en su particular estimación, a sendos hospitales públicos de Madrid y Barcelona, el Hospital Universitario La Paz, y el Vall’ de Hebron, no viene sino a confirmarme esta impresión.

También estoy de acuerdo, coincidiendo con la opinión expresada recientemente por el obispo de Ciudad Real,  con resistirme a que deban ser los asalariados de toda condición los que paguen los platos rotos de una crisis generada por los comportamientos, no sólo excesivos, sino directamente estafadores protagonizados por el mundo financiero mundial y especialmente estadounidense, al abrigo de una desregulación normativa en aquél país, sobre cómo deben ser estos comportamientos.

Esta injusticia, que deba ser la merma de riqueza de los asalariados de todos los países a los que la crisis les afecta, la que pague la crisis es motivo suficiente para protestar de la manera más enérgica y diáfana.

¿Qué es entonces lo que me hace oponerme? Son dos ideas, principalmente: una, que una huelga general tiene un altísimo coste económico, lo cual es tirar piedras sobre el propio tejado, ya que cuanto menos haya para repartir a menos tocaremos y ahondar en el agujero del que queremos salir es contradictorio con ese deseo. Y dos: ¿quién está imponiendo esta nueva regulación laboral, que indudablemente reduce los beneficios que para los trabajadores tenían las anteriores normas, es este gobierno, o son las directrices exigidas por Bruselas y otros organismos multinacionales a los que pertenecemos y con quienes tenemos unas obligaciones contraídas? Como la respuesta es esta segunda opción, ya que la cacareada “soberanía” es un concepto que necesita ser revisado a la luz de los hechos, la pregunta que me hago es: ¿Qué sentido y qué eficacia tiene de cara a obtener evitar recortar esos beneficios que la reforma propuesta hace perder, si el responsable último no es el destinatario de la protesta?

Ello me lleva a proponer a los sindicatos convocantes de esta huelga, y a todos los demás grupos sociales capaces de influir en las decisiones que se toman respecto a la realidad social, la búsqueda de mejores herramientas para oponerse, democráticamente, por supuesto, a las iniciativas o decisiones tomadas por los poderes públicos, también en el ejercicio democrático de su poder político. Herramientas que no desangren un poco más a los ciudadanos, que no nos hagan más vulnerables ante la competencia económica de otros países con los que estamos jugándonos el porvenir.