Parece que Daimler, el fabricante de los Mercedes Benz, ha esperado hasta el último momento -el seis de agosto-, pero también ha pasado por el aro de claudicar a su derecho legítimo a hacer negocio en Irán, por la amenaza real que supone sufrir las consecuencias de las sanciones que ha impuesto el actual presidente de Estados Unidos, tras romper unilateralmente en mayo pasado el Acuerdo Nuclear con ese país. Hay que recordar que el resto de los firmantes –China, Gran Bretaña, Rusia, Alemania y Francia– no han visto el motivo que justifique no hacer honor a lo firmado.

Antes que Daimler ya el grupo francés PSG, fabricante de Peugeot y Citroën,  había anunciado su retirada de este mercado, lo que hace pensar que, previsiblemente no  será la última gran empresa en hacerlo, a pesar de la contraofensiva de la Comisión Europea apoyando decididamente la libertad y legitimidad de sus empresas para ejercer su actividad en Irán, lo que me deja un poso de indignación y tristeza. ¿No hay nada que impida que se imponga el más fuerte, aunque no tenga razón?

La constatación es evidente, a las empresas no les basta saber que actúan en la legalidad y que son apoyadas por su administración política, porque hacen cálculos y el resultado de caminar por la vía de las reclamaciones y del Derecho Internacional, da un balance peor que someterse a la arbitrariedad del poderoso, lo que desprende un hedor de abuso de poder difícil de no percibir, sin angustiarse.

Cabe preguntarse qué puede hacer el ciudadano para intentar impedir el atropello y lo primero que se antoja es renunciar a comprarse ese Mercedes que resulta tan goloso a los ojos…Es decir, penalizar a la empresa pusilánime, que cede al abuso,  con el boicot a sus productos, e intentar actuar de contrapeso en esa balanza. Pero, claro, si tal ciudadano lo piensa un poco mejor, en primer lugar puede darse cuenta de que nunca ha tenido intención real de comprarse ese vehículo, por la imposibilidad económica de hacerlo, luego esta acción no está en su mano. En segundo lugar, que tampoco podría aspirar a comprarse prácticamente ningún otro,  no ya porque le siga faltando la capacidad económica -que puede que también- sino porque no hay empresas que no hayan cedido a esa presión… Pero, sobre todo, porque una terapia de este tipo, aumentando la intensidad del mal, sumándose a la presión, puede acabar matando al enfermo, lo cual es previsible que no beneficiaría a nadie.

Resulta, pues, difícil definir los límites que debe tener el compromiso político o geopolítico de las empresas. Parecen claros los principales compromisos que se les puede exigir: el social (salarios y condiciones de trabajo justos), el  económico (beneficios), el medioambiental (preservación y sostenibilidad),  y con la legalidad, ¿pero políticos?

Somos los ciudadanos los que tenemos el compromiso de ejercer la política participando activamente, señalando los problemas, en la denuncia y en el debate, y siempre, al menos, votando. Es esto lo que puede impedir que se imponga el más fuerte, aunque no tenga razón.

De ahí que quede un trascendental camino por recorrer, dado que todavía los ciudadanos del mundo no podemos votar, todos, quien ocupa el poder de tomar decisiones que nos afectan a todos.

Quizá no sea la mejor opción todavía una democracia directa, que se imagina inverosímil, sino una representativa como la que prefigura la O.N.U., pero es imprescindible que esta representación sea real y equilibrada, y se sostenga en un respeto escrupuloso a la legalidad internacional, cuyo andamiaje parece necesario mejorar, a tenor de los hechos, una vez más.