Siento que me encuentro en una situación privilegiada para emitir mi opinión puesto que me encuentro concernido en sus dos vertientes, la que la apoya y la que la rechaza.

El apoyo se debe a que no comparto el fondo de la ideología que subyace y alimenta la reforma laboral, ese cúmulo de creencias que deposita en la iniciativa privada la eficiencia. Puede que la estadística nos diga que las empresas privadas, movidas por el ánimo de lucro, son más eficientes, más rentables, gastan menos dinero en obtener el mismo resultado, pero seguramente también nos dicen que el mejor servicio se obtiene en la empresa pública, que no tiene ningún objetivo de rentabilidad económica, sino de rentabilidad social, aunque sea más difícil de cuantificar. La encuesta realizada entre médicos especialistas, publicada hoy por una asociación de consumidores, que coloca en los dos primeros lugares en cuanto a su calidad asistencial, en su particular estimación, a sendos hospitales públicos de Madrid y Barcelona, el Hospital Universitario La Paz, y el Vall’ de Hebron, no viene sino a confirmarme esta impresión.

También estoy de acuerdo, coincidiendo con la opinión expresada recientemente por el obispo de Ciudad Real,  con resistirme a que deban ser los asalariados de toda condición los que paguen los platos rotos de una crisis generada por los comportamientos, no sólo excesivos, sino directamente estafadores protagonizados por el mundo financiero mundial y especialmente estadounidense, al abrigo de una desregulación normativa en aquél país, sobre cómo deben ser estos comportamientos.

Esta injusticia, que deba ser la merma de riqueza de los asalariados de todos los países a los que la crisis les afecta, la que pague la crisis es motivo suficiente para protestar de la manera más enérgica y diáfana.

¿Qué es entonces lo que me hace oponerme? Son dos ideas, principalmente: una, que una huelga general tiene un altísimo coste económico, lo cual es tirar piedras sobre el propio tejado, ya que cuanto menos haya para repartir a menos tocaremos y ahondar en el agujero del que queremos salir es contradictorio con ese deseo. Y dos: ¿quién está imponiendo esta nueva regulación laboral, que indudablemente reduce los beneficios que para los trabajadores tenían las anteriores normas, es este gobierno, o son las directrices exigidas por Bruselas y otros organismos multinacionales a los que pertenecemos y con quienes tenemos unas obligaciones contraídas? Como la respuesta es esta segunda opción, ya que la cacareada «soberanía» es un concepto que necesita ser revisado a la luz de los hechos, la pregunta que me hago es: ¿Qué sentido y qué eficacia tiene de cara a obtener evitar recortar esos beneficios que la reforma propuesta hace perder, si el responsable último no es el destinatario de la protesta?

Ello me lleva a proponer a los sindicatos convocantes de esta huelga, y a todos los demás grupos sociales capaces de influir en las decisiones que se toman respecto a la realidad social, la búsqueda de mejores herramientas para oponerse, democráticamente, por supuesto, a las iniciativas o decisiones tomadas por los poderes públicos, también en el ejercicio democrático de su poder político. Herramientas que no desangren un poco más a los ciudadanos, que no nos hagan más vulnerables ante la competencia económica de otros países con los que estamos jugándonos el porvenir.