Coronavirus, impresiones de una crisis inédita (VI). Decisiones políticas y democracia.

La segunda ola de propagación del virus Covid-19 por todo el mundo, más temprana de lo que se esperaba, me llena de inquietud, temor y desesperanza. Esta última porque pienso en aquellas personas que al menos en este país, España, vieron llegar junio y disfrutaron del encuentro con familiares y amigos, del sol del verano, de los días largos, de las luces albas del amanecer en levante y carmesíes y violáceas en los atardeceres de poniente…Que celebraron aniversarios postergados. Que brindaron. Que se sentían supervivientes, ganadores…Y ya no están. Han ido engrosando las cifras de fallecidos que cada día me golpea como un puñetazo en el esternón. ¿Qué tenían que no tenía yo, además de peor suerte? Aunque la pregunta quizá deba plantearse al revés.

Tenían viviendas más pequeñas y peor construidas, mayor densidad de población por metro cuadrado, menores comodidades, menos agua caliente, menos instalaciones sanitarias, mayor apego a la proximidad social, a la relación vecinal, abocados al transporte colectivo para trabajar, posiblemente peor alimentados, posiblemente con saludes menos enteras, incapaces de pagarse una o dos mascarillas al día, y para completar el cuadro, peor atendidos sanitariamente. La razón de esto último es sencilla: dependen casi exclusivamente de la sanidad pública, y ésta no les dedica el trato prioritario que su necesidad exigiría.

Ahora que Madrid encabeza en Europa los peores índices cabe preguntarse por qué sus barrios ricos no sufren tan alto índice de contagios ni de mortalidad. Y la respuesta remite a todo lo anteriormente señalado pero en sentido inverso, y porque precisamente la gran mayoría de sus moradores se paga, porque puede hacerlo, una sanidad privada. Y este modelo, para muchos que lo adoptan, de doble imposición, es lo que han estado fomentando los sucesivos gobiernos del Partido Popular, que llevan desde 1995 gobernando la región.

Hay datos que esconden el desatino: imaginemos un ambulatorio modelo dedicado al mismo número de habitantes, repartidos por igual en barrios ricos y pobres, con el mismo número de sanitarios, igualitario aparentemente, pero ¿qué ocurre si está infradotado? Pues que en el barrio rico el vecino ve el panorama -los centros, su antigüedad, su dotación, sus colas- y como lo puede pagar, recurre a los seguros privados de salud, de forma que la presión asistencial baja. Pero en el barrio pobre la presión se mantiene hasta hacerse insoportable -citas a meses y hasta años vista- porque además de estar más necesitados, tener un peor índice de salud colectiva, no tienen capacidad económica para recurrir a una alternativa.

Lo sorprendente es que ahora se sientan señalados o discriminados. Lo han estado siempre. No es sorprendente en cambio, por tanto, su indignación.

Hubo un amplio consenso en el país de comprensión hacia los dirigentes cuando la primera ola los desbordó dejando ahogados, y a casi todos desnudos y con el agua al cuello, pero no la hay ahora que la segunda ola esta provocando unos resultados casi calcados. Ahora ya sabíamos lo que iba a pasar y no se puede entender por qué no se han hecho los preparativos y se han puesto los medios para evitarlo. Lo que los expertos se han cansado de demandar como necesario: más personal en la atención primaria, más equipo, y un seguimiento de los casos acorde con el reto…

La indignación está muy justificada y espero que no caiga de nuevo en saco roto. No es conveniente en un sistema democrático que los políticos no paguen en las urnas las deudas que contraen con los ciudadanos, porque entonces, la dinámica en la que se sustenta se desmorona llevándoselo consigo. Si queremos democracia debemos ejercerla.

¿Corrupción o deshonestidad?

A menudo utilizamos palabras que han partido de una intención bondadosa de no cargar las tintas, de dejar una puerta abierta a una actitud conciliadora hacia quien se vierte la crítica, lo que a veces deviene en eufemismos, o bien los conceptos empleados se quedan cortos porque definen una parte o sólo uno de los procesos de lo que sucede.

En mi opinión esto último ocurre con la realidad de la corrupción. Se emplea esta palabra, que el diccionario de la R.A.E. define muy bien en su versión jurídica como: “En las organizaciones, en especial las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. Pero la corrupción no deja de ser la consecuencia de una visión de la vida. Si queremos evitarla, que deje de existir, si no del todo, que parece una tarea imposible, al menos minimizarla al nivel de la excepción, tendremos que afrontar el problema desde el origen.

Una medida coadyuvante es establecer controles, de unos organismos sobre otros, de unas personas sobre otras, de forma que todos los procesos susceptibles de sufrirla se encuentren bajo supervisión. Esto contribuye también a detectar las disfunciones del sistema, si a pesar de un diseño riguroso llegan a producirse. Como la realidad nos demuestra, como se presume en el caso español de Bárcenas y el Tribunal de Cuentas, sorprendentemente esto no siempre lo impide: el objeto de fiscalización  ejerce la corrupción, y las personas -y por elevación la institución para la que trabajan- encargadas de comprobarlo no lo detectan. Por eso hay que volver al origen del problema: la deshonestidad y su valoración en la sociedad.

Hace ya algunos años, a finales de los ochenta del siglo pasado, más o menos cuando parece que Bárcenas, como tesorero del Partido Popular empezó su carrera meteórica hacia la opulencia, un inspector de Hacienda me dijo, haciendo gala de un sorprendente cinismo, que él, como funcionario democrático, no quería ejercer su función más allá de lo que la sociedad le demandara, en referencia no a la pertinente legislación que estaba obligado a aplicar, sino al supuesto sentimiento popular generalizado. Algo así como que si la sociedad no veía bien pagar al cien por cien los impuestos -señalaba implícitamente que observaba un extendido sentimiento defraudador- no veía razón suficiente por la que él no debiera tenerlo en cuenta y así no perseguir escrupulosamente, con todo el rigor, hasta el cien por cien, a los defraudadores.

Es pues la honestidad, los principios éticos fundados sobre el concepto de justicia, rectitud y bonhomía, como comportamiento matriz aceptado por la sociedad de manera generalizada, lo que desactiva el egoísmo y la insolidaridad que encierra el comportamiento corrupto.

Por eso, no poner el acento del esfuerzo educador en la reglamentación educativa obligatoria, en asignaturas que traten de manera amplia y en profundidad, estos conceptos sustentadores de la ética ciudadana, se llamen “Educación para la ciudadanía” o de cualquier otra manera, es contribuir a tener una sociedad poco cohesionada, más preocupada por su propio interés, que por el colectivo, que obviamente son antagónicos.

Pretender que estos conceptos sean transmitidos por las familias exclusivamente, es incurrir en el error, interesado, de considerar a todas las familias capaces de esta tarea, lo cual no hay que rascar mucho para comprobar que no es así. Y no solo porque algunas carezcan de estos valores, sino porque el tipo de vida que tenemos en las sociedades más desarrolladas, en muchos casos no deja mucho margen para que padres e hijos compartan el tiempo necesario para esa transmisión.

Basta que nos echemos un vistazo para reconocer que esa indolencia crítica hacia comportamientos corruptos, esa moral cívica relajada, están bien enraizadas en nuestra conciencia: cuando nos ofrecen no pagar el I.V.A. de la reforma que hacemos en casa, o colarnos en un acontecimiento para el que ya no quedan entradas a la venta, y aceptamos… O sin empacho falseamos los datos que nos excluirían de nuestra solicitud  para la admisión de nuestros hijos en un club o en un colegio, o  miramos con mayor simpatía el curriculum de la persona recomendada por un amigo desdeñando otros probablemente mejores… Son éstos, ejemplos de una larguísima lista posible,  y en todos ellos estamos incurriendo en comportamientos que algunos no son estrictamente de corrupción, según el diccionario, pero sí que simpatizan con ella, la permiten cuando no directamente la apoyan, y tienen que ver, por tanto, con un fondo de deshonestidad. Crean un caldo de cultivo en el que la corrupción crece. Con esos mimbres, cuando nos encontramos en un puesto donde el dinero fluye en grandes cantidades, mantener la rectitud, la honestidad, resulta más difícil.

Tomemos conciencia, por tanto,  de lo que supone la probidad, hasta donde llega y por qué no tiene excepciones. Pongamos los medios para que este concepto sobre el comportamiento en la vida se generalice aun más, y actuemos en consecuencia, cada uno en su ámbito. Afeemos así esas conductas y no cedamos a los cantos de sirena del atajo que soslaya las reglas, del camino fácil, de la prebenda no merecida. Y descartemos también definitivamente la excusa de que si otros más poderosos que nosotros mismos son corruptos, ello nos legitima para no quedarnos atrás, para actuar igual y no ser menos.

Y si, a pesar de todo, tras tomar plena conciencia de esta convicción moral, no somos capaces de encarnarla escrupulosamente, al menos seamos coherentes y honestos con nosotros mismos, y no nos extrañemos ni nos sintamos defraudados al detectar esos comportamientos en los demás, porque alguien podría pensar, con razón, que nos llevamos las manos a la cabeza y nos ofendemos por envidia, porque no soportamos el resultado de que haya habido uno mucho más audaz y hábil que nosotros, que haya obtenido mayor beneficio que el nuestro llevando su deshonestidad mucho más lejos.