Apoyo a una gran gran coalición
Tal como apuntaban las encuestas y las previsiones de los observadores, las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 en España han dado un resultado que fragmenta el Parlamento, acabando con la bipolaridad de los dos grandes partidos que aglutinaban un altísimo porcentaje del electorado desde el triunfo del PSOE de Felipe González en 1982.
La primera consecuencia es que lo que en elecciones anteriores quedaba definido tras el resultado, el quien gobernaría, ha sido sustituido por la necesidad de lograr acuerdos entre los diferentes partidos, al no haber obtenido ninguno suficiente apoyo. Esta interpretación del resultado es clara, confirmada por una reciente encuesta cuando el tiempo avanza sin que los contactos para la búsqueda de un acuerdo hayan dado aún fruto: la mayoría de los electores desean un entendimiento de sus representantes que haga posible, en un sistema parlamentario como es el nuestro, que se forme un gobierno que permita avanzar afrontando los retos, poniendo en práctica un número relevante de las principales propuestas lanzadas en la campaña por los partidos que lo formen. Y se da una peculiaridad: sólo la alianza entre los que aún permanecen siendo los más votados, el Partido Popular, que reúne al electorado mayoritariamente conservador, en un espectro que va desde los bordes de la extrema derecha hasta la difuminada línea de separación con la izquierda socialdemócrata, y es apoyado por las patronales empresariales, y el Partido Socialista Obrero Español, que aglutina a un electorado socialdemócrata también de muy heterogéneo origen, que tiene a su vez por su otro extremo una porosa línea de separación tanto con la izquierda más tradicional, comunista y post comunista, como por la izquierda más joven y novedosa, apoyado por los sindicatos mayoritarios, lograría una mayoría absoluta muy cualificada (213/350), capaz de gobernar sin trabas de la oposición imposibles de superar, habida cuenta de que a esta opción muy probablemente en las votaciones cruciales se sumaría uno de los partidos emergentes, Ciudadanos, con sus 40 diputados, que lograrían sobradamente los dos tercios exigidos para ciertos cambios en la Constitución que la sensatez y la legalidad exigen.
Habría otras posibles combinaciones para lograr los 176 diputados que constituyen la estricta mayoría absoluta para gobernar, pero incapaces, como acabo de apuntar, de abordar las reformas constitucionales que están en cuestión, y resultan aun más contradictorias que esta gran coalición, cuyo primer ejemplo inspirador es la repetida experiencia alemana de alianzas de gobierno entre el SPD socialdemócrata y la CDU-CSU conservadora, actualmente en ejercicio con Angela Merkel al frente.
A la falta de experiencia propia en estas coaliciones de los que aún siguen siendo los dos principales partidos, a pesar de los augures y de los deseos de los dos nuevos emergentes, Podemos y Ciudadanos, que justificaría la prevención y la incertidumbre que genera en sus dirigentes, obligados así a explorar la renuncia a una parte importante de sus postulados para poder converger con el otro, hay que añadir la grave situación en la que se encuentra España, muy condicionada por un lado por la traumática experiencia de la crisis económica aún no superada, que sin entrar en la complejidad de los orígenes y las causas de que aquí haya sido especialmente virulenta, ha golpeado a los más débiles y dejado descolocado y maltrecho el Estado de justicia y bienestar sociales al que aspirábamos, incrementando la desigualdad, con aspectos tan lacerantes como la vuelta de la pobreza aun en personas que tienen trabajo, y en consecuencia una marginación intolerable de una parte importante de la población, con todo lo que ello conlleva de infelicidad y pérdida de esperanza en el futuro.
Por otro por los movimientos centrífugos de algunas partes del país, principalmente País Vasco, Cataluña y Galicia, que pone en cuestión la propia existencia del Estado en su configuración política actual, condicionamiento que viene siendo arrastrado desde el minuto primero de la aprobación de la Constitución vigente, que es necesario recordar fue fruto de un largo, laborioso y generoso acuerdo, que hizo posible dejar atrás, sin casi violencia, una dictadura de cuarenta años nacida de una rebelión militar y la consiguiente sangrienta y terrible guerra civil que duró casi tres, y que precisamente ahora, se encuentran en un momento álgido debido a que uno de ellos, el catalán, ha alcanzado un gran desarrollo, habiendo logrado el apoyo de casi la mitad del electorado local, y habiéndose embarcado en una apuesta por romper la legalidad, ante la imposibilidad de lograr sus fines de manera legal, en un nivel de desafío inédito para el resto del país.
Ya el Estado tuvo que afrontar en estas décadas las consecuencias de un independentismo violento que protagonizó en el País Vasco la organización terrorista ETA, y los partidos tuvieron que aprender que era la unión en los valores consagrados en la Constitución, y el apoyo recíproco lo que les daba la fuerza necesaria para hacer prevalecer la voluntad de la mayoría y la legalidad. Afortunadamente, en Cataluña y en Galicia el terrorismo fue esporádico y mínimo, lo que constituye una gran diferencia, pero no para invalidar o excluir lo aprendido.
España, como nación jurídica cuyo destino está enfocado a la Unión Europea, tiene pues dos retos ante sí cuya importancia no establece supeditación alguna del uno al otro, ya que los dos son urgentes y merecedores de ser abordados ya con toda la energía, aunque cabe pensar que resolviendo el territorial se estaría en una disposición con diferencia mucho más favorable para arbitrar y defender medidas ante la crítica interna y externa, capaces de hacernos superar la crisis y prosperar, minimizando o evitando los daños y las víctimas, por una razón elemental que sigue siendo vigente: la unión hace la fuerza. El esfuerzo de remar coordinado y solidario hace avanzar con energía la nave.
En este sentido sería envidiable y muy provechosa una alianza que concentrara casi todo el arco parlamentario, que incluyera a Podemos y a los partidos nacionalistas respetuosos con la Constitución, pero quizá sea demasiado pedir… No lo es, en cambio, solicitar de los líderes de Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, sin exluir a los que quieran arrimar el hombro, que antepongan el interés general al particular, el progreso del país, al progreso de sus territorios, sus partidos o sus carreras, asumiendo la responsabilidad de conformar un gobierno de concentración, con unos objetivos acordados públicos y bien definidos, que puedan ser expuestos en el discurso de investidura, para que las responsabilidades que cada cual asuma puedan serles exigidas por el electorado cuando haya que volver a las urnas.
Mirador de la Luna 