política

de

Compromiso

Parece que Daimler, el fabricante de los Mercedes Benz, ha esperado hasta el último momento -el seis de agosto-, pero también ha pasado por el aro de claudicar a su derecho legítimo a hacer negocio en Irán, por la amenaza real que supone sufrir las consecuencias de las sanciones que ha impuesto el actual presidente de Estados Unidos, tras romper unilateralmente en mayo pasado el Acuerdo Nuclear con ese país. Hay que recordar que el resto de los firmantes –China, Gran Bretaña, Rusia, Alemania y Francia– no han visto el motivo que justifique no hacer honor a lo firmado.

Antes que Daimler ya el grupo francés PSG, fabricante de Peugeot y Citroën,  había anunciado su retirada de este mercado, lo que hace pensar que, previsiblemente no  será la última gran empresa en hacerlo, a pesar de la contraofensiva de la Comisión Europea apoyando decididamente la libertad y legitimidad de sus empresas para ejercer su actividad en Irán, lo que me deja un poso de indignación y tristeza. ¿No hay nada que impida que se imponga el más fuerte, aunque no tenga razón?

La constatación es evidente, a las empresas no les basta saber que actúan en la legalidad y que son apoyadas por su administración política, porque hacen cálculos y el resultado de caminar por la vía de las reclamaciones y del Derecho Internacional, da un balance peor que someterse a la arbitrariedad del poderoso, lo que desprende un hedor de abuso de poder difícil de no percibir, sin angustiarse.

Cabe preguntarse qué puede hacer el ciudadano para intentar impedir el atropello y lo primero que se antoja es renunciar a comprarse ese Mercedes que resulta tan goloso a los ojos…Es decir, penalizar a la empresa pusilánime, que cede al abuso,  con el boicot a sus productos, e intentar actuar de contrapeso en esa balanza. Pero, claro, si tal ciudadano lo piensa un poco mejor, en primer lugar puede darse cuenta de que nunca ha tenido intención real de comprarse ese vehículo, por la imposibilidad económica de hacerlo, luego esta acción no está en su mano. En segundo lugar, que tampoco podría aspirar a comprarse prácticamente ningún otro,  no ya porque le siga faltando la capacidad económica -que puede que también- sino porque no hay empresas que no hayan cedido a esa presión… Pero, sobre todo, porque una terapia de este tipo, aumentando la intensidad del mal, sumándose a la presión, puede acabar matando al enfermo, lo cual es previsible que no beneficiaría a nadie.

Resulta, pues, difícil definir los límites que debe tener el compromiso político o geopolítico de las empresas. Parecen claros los principales compromisos que se les puede exigir: el social (salarios y condiciones de trabajo justos), el  económico (beneficios), el medioambiental (preservación y sostenibilidad),  y con la legalidad, ¿pero políticos?

Somos los ciudadanos los que tenemos el compromiso de ejercer la política participando activamente, señalando los problemas, en la denuncia y en el debate, y siempre, al menos, votando. Es esto lo que puede impedir que se imponga el más fuerte, aunque no tenga razón.

De ahí que quede un trascendental camino por recorrer, dado que todavía los ciudadanos del mundo no podemos votar, todos, quien ocupa el poder de tomar decisiones que nos afectan a todos.

Quizá no sea la mejor opción todavía una democracia directa, que se imagina inverosímil, sino una representativa como la que prefigura la O.N.U., pero es imprescindible que esta representación sea real y equilibrada, y se sostenga en un respeto escrupuloso a la legalidad internacional, cuyo andamiaje parece necesario mejorar, a tenor de los hechos, una vez más.

de

Cataluña, septiembre de 2017

La Constitución

Se produce un revuelo cuando se precipitan los hechos indeseados. Es lo que suele ocurrir, a pesar de que los diferentes acontecimientos que se hayan podido producir con anterioridad, a lo largo de un extenso pasado, ya los apuntaran.

Cuando en España se alcanzó la democracia por el fallecimiento del dictador, y los más inquietos políticamente accedieron paulatinamente al poder, tenían ante sí un reto enorme: dejar atrás todo lo negativo de las casi cuatro décadas sufridas de dictadura arcaizante, y recuperando el hilo abandonado de otras iniciativas pasadas de progreso, homologar al país con lo mejor del  entorno natural de la cultura europea y mediterránea a las que siempre ha pertenecido.

La Constitución del 78 fue la herramienta forjada para lograrlo, tras un esfuerzo que desde la distancia se aprecia aun más meritorio, conociendo como era de endiabladamente complicada la situación entonces, con iniciativas terroristas varias, una clase política del régimen, aún con todo el poder, vigilada de cerca por el Ejército;  una efervescencia social y política en las calles que reclamaba logros inmediatos; los partidos nacionalistas del País Vasco y Cataluña reclamando la recuperación de sus respectivos estatutos, que lograron con la república; y, por si eso fuera poco, una economía en crisis con unos parámetros insoportables. Afortunadamente había dos factores que actuaban en sentido opuesto para evitar la previsible violencia consecuente con la descomposición de un régimen dictatorial: el tamaño de la sociedad que disfrutaba de un cierto bienestar económico se había ampliado significativamente en las últimas décadas, y el recuerdo de la atrocidad de una cruel guerra civil aún estaba vigente.

En este contexto, los constituyentes, incluyendo a los no formalmente designados por los dos partidos políticos mayoritarios y  que, de hecho, pactaron infinidad de cuestiones, hicieron su trabajo y alcanzaron un acuerdo: una constitución que presentar al pueblo español, en la que todos cedieron, porque eran muy conscientes de que de no hacerlo no era una opción.

Ha pasado desde entonces un tiempo que está a punto de alcanzar al de la dictadura, casi   cuarenta años, y el fruto de esa constitución, que fue aprobada en referéndum con el 87,78 % de los votos, que suponía un 58,97 por ciento del censo, es un país homologable,  en la mayoría de los aspectos de credencial democrática y de modernidad, con la Europa que lo rodea, y en cuya construcción política hoy participa.

El tiempo no pasa en balde, y sin duda hay aspectos que, fruto de la experiencia, piden ser reformados, pero sería ingenuo pensar que abrir esa puerta -perfectamente prevista por la propia carta magna- no va a generar fuertes controversias, principalmente en lo referente a los asuntos competenciales y de organización territorial. Abolir la arcaica preferencia del varón en los derechos dinásticos, o la misma existencia de la monarquía,  no creo, en cambio, que  se aborde con tanta intensidad. Por eso imagino que ha habido y hay quien considera asumir un alto riesgo abordar ahora su reforma, en caliente, con la insumisión independentista forzándolo. Quizá hubiera sido la vía lógica de entendimiento hace años pero, ahora, cuando el nacionalismo catalán ya ha desechado ese escenario, ¿es posible volver a él? Me falta información para contestar, pero lo cierto es que, con la incorporación del PSOE, aún como segundo partido mayoritario, es cada vez mayor la masa política que lo considera la única solución para evitar la permanente reivindicación nacionalista,  y en última instancia, un desmembramiento traumático de España.

Soberanía compartida

A veces nos dejamos llevar por lo que deseamos y aceptamos un uso de los conceptos que chocan con la lógica, como el nacionalismo no independentista. Los nacionalistas lo son porque quieren una nación, lo que comunmente se entiende por tal: una nación política constituida en estado. No les basta saberse y ser plenamente reconocidos una nación cultural, o una “nacionalidad”, que fue el término esperpéntico de compromiso que se utilizó en esta Constitución del 78 para denominar a los territorios de la nación española con lengua y cultura bien diferenciadas. Como consecuencia, y por definición, jamás un nacionalista estará satisfecho con menos, por mucho que su autonomía alcance cotas de soberanía muy relevantes, porque la piedra angular de su planteamiento es la independencia, que es la que conlleva el derecho a decidir por sí mismos su futuro como un estado, sin contar con nadie más. No puede, así,  aceptar una soberanía compartida con el resto de los españoles. Incluso aunque sea consciente de que la soberanía de los estados cada vez es un concepto menos absoluto en el ecosistema polítco europeo, e incluso mundial.

Pero el caso es que eso es lo que hay precisamente: una soberanía compartida, la que la Constitución declara como indivisible y que poseen todos los españoles. Es decir, son sujetos de soberanía los individuos, los ciudadanos, no los territorios. Esta es la legalidad vigente, la reconocida por Europa y el resto de los países de la ONU, la que -conviene recordarlo para que lo sepan aquellos que, en el mejor de los casos, desde una posición bienintencionada, emiten opiniones sobre el nacionalismo catalán o vasco y sus deseos de independencia- sustenta la legitimidad de las instituciones de estas autonomías españolas, incluida la de todas sus autoridades. Como esto no es difícil de entender, es lógico pensar que Puigdemont y Forcadell lo saben, y para soslayarlo, inventan o asumen como propio un derecho que sitúan por encima de cualquier otro, el de decidir ser o no un estado,  y que, principalmente, les reconocen sus correligionarios y los interesados por algún motivo en una Cataluña estado. Por eso, cualquier posibilidad de acceder a una independencia mediante un referéndum catalán pactado, y por tanto legal, pasa por convencer al resto de los españoles de que cedan la suya y la dejen en manos sólo de los censados en Cataluña.

Es muy lícito hacer valer la voluntad democrática de un colectivo tan amplio como se puede ver en las manifestaciones más multitudinarias, pero no lo es olvidarse o negar que ese derecho que se reivindica no pertenece sólo a ese colectivo ciudadano, sino a otro mucho mayor, el de los ciudadanos españoles. Existe el camino, pero se desecha por la bien imaginada dificultad de recorrerlo y de alcanzar el objetivo pretendido, y se opta por usar el atajo de la decisión unilateral, aunque ello conlleve abocar a la división social y al enfrentamiento que ya se está viviendo.

Sentimientos

Los sentimientos nacionalistas son el factor sin el cual no se puede entender por qué se ha llegado a esta ausencia total de sintonía entre una parte considerable de la ciudadanía catalana, en torno a la mitad según las encuestas, y el  resto de los españoles, hasta el punto de querer romper una convivencia centenaria, y éstos han sido cultivados  de manera sistemática y sin tapujos. Pero, no obstante, esto no es irreversible. No hace falta ir muy lejos para saber que, incluso con las personas que más queremos, los familiares más próximos, un gesto desafortunado, una negativa mal explicada, unas maneras inadecuadas, conducen a que nos cerremos como un molusco y tampoco seamos capaces de actuar de una manera correcta, positiva y racional. A veces ni siquiera es algo objetivo, basta un malentendido. ¿Ha cambiado algo sustantivo en nuestra relación familiar? No, seguimos reconociéndonos en el papel que a cada uno corresponde en las familias, y nos seguimos queriendo, pero otros sentimientos han tomado el mando. Son la frustración, el pensar que estamos siendo no tenidos en cuenta, que no despertamos suficiente aprecio, que se nos trata con poco o ningún respeto. Da igual que la realidad, si la observamos con sobriedad y rigor, invalide buena parte o todos los motivos que encontrábamos para tener esos sentimientos, o bien aporte datos para modificar las conclusiones iniciales y verlas como precipitadas, lo cierto es que suele ser necesario que medie el tiempo para que nuestro análisis nos lleve a otras conclusiones más acertadas y justas, y lo que se había dislocado vuelva a reconocerse en la realidad objetiva. Creo que la relación de Cataluña con el resto de España sufre este mal, pero tiene remedio, porque la realidad por muy sepultada que esté acaba imponiéndose.

Y es que, como en el ejemplo, hay una realidad objetiva que no desaparece, que no deja de existir por más que se pretenda desvirtuar y no se aprecie y se esté dejando al margen: Cataluña es España. Bastaría pararse y mirar con otra intención alrededor para ver la profundidad de la imbricación sentimental y material entre lo que de alguna manera tiene que ver o procede de Cataluña y el resto de España: periodistas catalanes que lideran programas de ámbito nacional, actores catalanes que acaparan protagonismo en series y películas, películas en catalán representando a España, escritores y músicos catalanes entre los más vendidos y apreciados, deportistas catalanes admirados, profesionales catalanes líderes de las más variadas disciplinas, incluso empresas o instituciones que son referencia en todo el ámbito nacional español, y lo que es aun más trascendente, todo el entramado, mucho más amplio, de las relaciones familiares o personales, que permanece oculto porque pertenece al ámbito privado, pero está ahí.

No hay suficiente catalanofobia en España, aunque haya catalanófobos, ni hispanofobia en Cataluña, aunque haya hispanófobos. Su número es insignificante para destruir eso. Tontos fóbicos hay en todos lados; sólo hay que no hacerles caso, y si es posible, ilustrarlos.

Futuro

Que en la tierra donde se han desarrollado los castells, ejemplo maravilloso de colaboración de muchos y muy distintos para conseguir un objetivo común, se esté produciendo el desencuentro y el desgarro sentimental como los que se expresan estos días, no sólo es un cúmulo de pérdidas en diferentes ámbitos, de las que quizá en varias generaciones nunca nos recuperemos, si se consolidan, sino un motivo de tristeza infinita, un abrumador fracaso colectivo. Espero que sepamos darnos cuenta a tiempo de impedirlo.

Quizá la fórmula sea dejar el pasado sólo como lo que de la manera más positiva es: fuente de experiencia. Miremos al futuro para elegir nuestras acciones, recuperemos la conciencia de lo que supone estar unidos y compartir destino histórico. Y disfrutémoslo, porque lo bueno de la unión es que se disfruta, al contrario de lo que suele ocurrir con la desunión, que se sufre.

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Referendum en Colombia

Anteanoche, cuando pasaban 36 minutos de las doce y recibí la noticia de que en el referendum colombiano sobre la aprobación del acuerdo de paz, negociado durante cuatro años entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, había ganado el “no”, confirmado dos minutos más tarde por otra cadena, sentí alivio. En medio ví como en Twitter, una amiga a la que tengo por bien informada y con criterio se lamentaba de manera amarga del resultado.

¿Por qué mi alivio y la pesadumbre de ella? ¿Por qué si a ambos, estoy seguro, la guerra nos parece abominable y como consecuencia lógica e inmediata queremos la paz, reaccionamos de manera casi opuesta?  Creo que lo que nos ha diferenciado es el precio que cada uno ha considerado que una sociedad debe estar dispuesta a pagar. O diciéndolo de otra manera: qué principios nos han parecido irrenunciables y cuáles o qué parte de algunos una sociedad muy amenazada, aun con el mayor esfuerzo, debería estar dispuesta a ceder a cambio de la paz.

En los días anteriores a la votación ya había pensado que en los partidarios de la aceptación del acuerdo apreciaba un cierto síndrome de Estocolmo, tan comprensible entre las víctimas, que luego, en mi opinión, ha sido confirmado por la mayoría que ha votado esta opción en las zonas más afectadas…¿Pero y los demás, los que sin haber sido víctimas directas defendían el voto afirmativo, qué más los movía? Me decía que una mirada al futuro, un deseo perfectamente comprensible de disfrutar de unas oportunidades vitales no condicionadas por la amenaza de una violencia imprevisible e incontrolable, el aseguramiento de los beneficios inherentes a la paz, la libre e intensa circulación de personas, el optimismo, una economía floreciente en todos los niveles, no sólo en los pocos que se aprovechaban de las hostilidades.

Sabiendo y compartiendo esos argumentos, que el mejor futuro pasa por ellos, por que se cumplan, me preguntaba también qué consecuencias trendría para este futuro la aceptación de un acuerdo que implícitamente vulneraba las bases de una convivencia democrática, como es el respeto escrupuloso a las leyes, a los acuerdos de funcionamiento que una sociedad ha creado para regir el comportamiento de sus individuos. Me preguntaba en concreto qué consecuencias tendría en la sociedad colombiana el que los que despreciando esas normas hubieran adoptado otras propias, entre las cuales no hubiera ninguna que impidiera hacer todo el daño posible a unos también creados enemigos, con el fin de conseguir e imponer al resto unos objetivos políticos, que efectivamente se hubieran dedicado en cuerpo y alma a ello durante cincuenta y dos años, y que viéndose incapaces también de alcanzarlos de esta manera, finalmente lograran un acuerdo con las víctimas que les permitiera reintegrarse y volver a ese marco de convivencia que abandonaron,  y no pagar el sobreprecio de las consecuencias de esos actos, como si nada hubiera pasado ni a nadie hubiera afectado. Como una pesadilla que al despertar se desvanece. ¿La propia asunción de responsabilidad y publicidad de la tragedia serviría de suficiente escarmiento para todos, o dejaría el poso del ejemplo válido conforme a sus resultados y propiciaría que otros quisieran aventurarse a probar ese camino?

Puede que el ser humano haya superado, o esté en fase de hacerlo, al menos colectivamente, los rasgos estímulo/respuesta descubiertos en la investigación de Pavlov, y pueda dar respuestas complejas a estímulos también complejos, pero si al nivel individual no es así, si todavía es vigente la conclusión de que lo que hace que un individuo no acerque en exceso la mano al fuego es que ya lo ha hecho anteriormente o ha visto a alguno hacerlo y sabe cuales son las consecuencias, los que eligieron a conciencia la violencia para imponer ideas e intereses y despreciaron en mayor o menor medida las consecuencias en las vidas de todas sus víctimas, no pueden dejar de ser juzgados, sometidos a las mismas normas que rigen para todos los demás individuos que forman parte de la sociedad en la que quieren reintegrarse. Se perdería el efecto de conocimiento ejemplarizante. Y no sería justo al dejar de ser  igualitario. Habría un trato de favor inducido por la amenaza y me resulta muy difícil creer que esa injusticia tuviera la capacidad de ser en el futuro un buen caldo de cultivo de una sociedad sana y próspera.

El asesinato, la extorsión, el secuestro, el lastre económico…Todo espantoso, pero no dejo de tener un profundo e inevitable sentimiento de que la sociedad colombiana estaba siendo forzada a aceptar un chantaje, que la paz de la normalidad y el futuro tenían el precio de aceptar la desigualdad ante la ley, una desigualdad no justificable sino viciada, la necesidad de asumir que debían producirse excepciones, y eso no me parece un precio aceptable, por lo apuntado antes, la mala semilla que siembra.

Me hubiera parecido diferente y mejor la vía de haber alcanzado un compromiso para que soberanamente, aunque fuera teniendo en cuenta de manera inexorable la terrible realidad existente, los legisladores colombianos hubieran introducido matices o correcciones en su código penal que facilitaran y promovieran la reinserción de los automarginados, con tratamientos más benevolentes o ajustados a sus realidades concretas, pero sin eliminarlos, sin ahorrarles el paso por la justicia y sin ningún tipo de privilegio de otra índole, lo que tendría la virtud de atañer a todos, de ser leyes para todos y así evitar en gran medida la negativa excepcionalidad, la insoportable y perversa impunidad subyacente…Pero, puedo estar equivocado, sobre todo cuando no hay que olvidar que hay algo que pende inoculado sobre todas las conciencias en Colombia y es muy pesado de remover: que la excepcionalidad de triste y desacreditada memoria ya se practicó.

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Pacto necesario

Apoyo a una gran gran coalición

Tal como apuntaban las encuestas y las previsiones de los observadores, las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 en España han dado un resultado que fragmenta el Parlamento, acabando con la bipolaridad de los dos grandes partidos que aglutinaban un altísimo porcentaje del electorado desde el triunfo del PSOE de Felipe González en 1982.

La primera consecuencia es que lo que en elecciones anteriores quedaba definido tras el resultado, el quien gobernaría, ha sido sustituido por la necesidad de lograr acuerdos entre los diferentes partidos, al no haber obtenido ninguno suficiente apoyo. Esta interpretación del resultado es clara, confirmada por una reciente encuesta cuando el tiempo avanza sin que los contactos para la búsqueda de un acuerdo hayan dado aún fruto: la mayoría de los electores desean un entendimiento de sus representantes que haga posible, en un sistema parlamentario como es el nuestro,  que se forme un gobierno que permita avanzar afrontando los retos, poniendo en práctica un número relevante de las principales propuestas lanzadas en la campaña por los partidos que lo formen. Y se da una peculiaridad: sólo la alianza entre los que aún permanecen siendo los más votados, el Partido Popular, que reúne al electorado mayoritariamente conservador, en un espectro que va desde los bordes de la extrema derecha hasta la difuminada línea de separación con la izquierda socialdemócrata,  y es apoyado por las patronales empresariales, y el Partido Socialista Obrero Español, que aglutina a un electorado socialdemócrata también de muy heterogéneo origen, que tiene a su vez por su otro extremo una porosa línea de separación tanto con la izquierda más tradicional, comunista y post comunista, como por la izquierda más joven y novedosa,  apoyado por los sindicatos mayoritarios, lograría una mayoría absoluta muy cualificada (213/350),  capaz de gobernar sin trabas de la oposición imposibles de superar, habida cuenta de que a esta opción muy probablemente en las votaciones cruciales se sumaría uno de los partidos emergentes, Ciudadanos, con sus 40 diputados, que lograrían sobradamente los dos tercios exigidos para ciertos cambios en la Constitución que la sensatez y la legalidad exigen.

Habría otras posibles combinaciones para lograr los 176 diputados que constituyen la estricta mayoría absoluta para gobernar, pero incapaces, como acabo de apuntar, de abordar las reformas constitucionales que están en cuestión, y resultan aun más contradictorias que esta gran coalición, cuyo primer ejemplo inspirador es la repetida experiencia alemana de alianzas de gobierno entre el SPD socialdemócrata y la CDU-CSU conservadora, actualmente en ejercicio con Angela Merkel al frente.

A la falta de experiencia propia en estas coaliciones de los que aún siguen siendo los dos principales partidos, a pesar de los augures y de los deseos de los dos nuevos emergentes, Podemos y Ciudadanos, que justificaría la prevención y la incertidumbre que genera en sus dirigentes, obligados así a explorar la renuncia a una parte importante de sus postulados para poder converger  con el otro, hay que añadir la grave situación en la que se encuentra España, muy condicionada por un lado por la traumática experiencia de la crisis económica aún no superada, que sin entrar en la complejidad de los orígenes y las causas de que aquí haya sido especialmente virulenta, ha golpeado a los más débiles y dejado descolocado y maltrecho el Estado de justicia y bienestar sociales al que aspirábamos, incrementando la desigualdad,  con aspectos tan lacerantes como la vuelta de la pobreza aun en personas que tienen trabajo, y en consecuencia una marginación intolerable de una parte importante de la población, con todo lo que ello conlleva de infelicidad y pérdida de esperanza en el futuro.

Por otro por los movimientos centrífugos de algunas partes del país, principalmente País Vasco, Cataluña y Galicia, que pone en cuestión la  propia existencia del Estado en su configuración política actual, condicionamiento que viene siendo arrastrado desde el minuto primero de la aprobación de la Constitución vigente, que es necesario recordar fue fruto de un largo, laborioso y generoso acuerdo, que hizo posible dejar atrás, sin casi violencia, una dictadura de cuarenta años nacida de una rebelión  militar y la consiguiente sangrienta y terrible guerra civil que duró casi tres, y que precisamente ahora, se encuentran en un momento álgido debido a que uno de ellos, el catalán, ha alcanzado un gran desarrollo, habiendo logrado el apoyo de casi la mitad del electorado local, y habiéndose embarcado en una apuesta por romper la legalidad, ante la imposibilidad de lograr sus fines de manera legal, en un nivel de desafío inédito para el resto del país.

Ya el Estado tuvo que afrontar en estas décadas las consecuencias de un independentismo violento que protagonizó en el País Vasco la organización terrorista ETA, y los partidos tuvieron que aprender que era la unión en los valores consagrados en la Constitución, y el apoyo recíproco lo que les daba la fuerza necesaria para hacer prevalecer la voluntad de la mayoría y la legalidad. Afortunadamente, en Cataluña y en Galicia el terrorismo fue esporádico y mínimo, lo que constituye una gran diferencia, pero no para invalidar o excluir lo aprendido.

España, como nación jurídica cuyo destino está enfocado a la Unión Europea, tiene pues dos retos ante sí cuya importancia no establece supeditación alguna del uno al otro, ya que los dos son urgentes y merecedores de ser abordados ya con toda la energía, aunque cabe pensar que resolviendo el territorial se estaría en una disposición con diferencia mucho más favorable para arbitrar y defender medidas ante la crítica interna y externa, capaces de hacernos superar la crisis y prosperar, minimizando o evitando los daños y las víctimas, por una razón elemental que sigue siendo vigente: la unión hace la fuerza. El esfuerzo de remar coordinado y solidario hace avanzar con energía la nave.

En este sentido sería envidiable y muy provechosa una alianza que concentrara casi todo el arco parlamentario, que incluyera a Podemos y a los partidos nacionalistas respetuosos con la Constitución, pero quizá sea demasiado pedir… No lo es, en cambio, solicitar de los líderes de Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, sin exluir a los que quieran arrimar el hombro, que antepongan el interés general al particular, el progreso del país, al progreso de sus territorios, sus partidos o sus carreras, asumiendo la responsabilidad de conformar un gobierno de concentración, con unos objetivos acordados públicos y bien definidos, que puedan ser expuestos en el discurso de investidura, para que las responsabilidades que cada cual asuma puedan serles exigidas por el electorado cuando haya que volver a las urnas.

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Todos y todas

Intercambiaba hace poco con unas amigas impresiones sobre el cansancio que notábamos que nos producía la contemplación de la actividad política actual en España. Nos situábamos, de manera implícita claro, dentro del marco de la crisis económica, de la insatisfacción por comportamientos irresponsables, y de la indignación cuando apuntaban a fraudulentos, que más nos parecían tendentes a engañarnos a los ciudadanos, a darnos gato por liebre, a tomarnos el pelo, que a cumplir con sus jurados o prometidos compromisos con nosotros. Y creo que había consenso en que se trataba de un sentimiento que ocurría a pesar nuestro, de que en fin, no hacíamos nada para ayudar a este cansancio, sino que lo habíamos notado surgir venciendo nuestro interés por estar al día de los asuntos de la gran y la pequeña política, de poseer opiniones formadas sobre ellos, para poder ejercer correctamente nuestra libertad y nuestra crítica o anuencia con las decisiones que tomaran los responsables políticos.

Es en este contexto en el que quiero señalar la cada vez mayor fatiga que me produce el uso de los desdoblamientos de género en todo tipo de palabras. Me estoy refiriendo sí, al uso de “compañeros y compañeras”, “ciudadanos y ciudadanas”, “amigos y amigas” y por encima de todos ellos el engendro “todos y todas”.

Doy por bueno que en origen este uso lo inspira el combatir el sexismo que se muestra en muchos aspectos de nuestra sociedad, pero como no creo que eso ocurra en este caso, porque ha transcurrido un buen tiempo desde que saltaron las primeras voces reclamándolo para analizar bien el asunto, discernir y tener bien formada una convicción, lo percibo o como una dejadez, o una falta de rigor, o un desprecio por el sentido común o el conocimiento de los especialistas, o una impostura o añagaza electoralista más, o todo ello a la vez y, en consecuencia, no me gusta, me desagrada e irrita.

Hay estudios, realizados por profesionales del lenguaje, a los que me remito para dar información rigurosa sobre esto y su particular casuística, como el artículo publicado en El País hace ya algún tiempo por el académico de la R.A.E. Ignacio Bosque, que a su vez citaba a otros autores que habían profundizado en ello, por lo que no quiero repetir  las razones que allí se argumentaban, y que comparto, sino poner el foco en el aspecto del comportamiento hipócrita de los políticos que sí lo hacen suyo y así se expresan en sus intervenciones públicas, cuyo único fin al hacerlo es hacerse pasar por sensibles a los problemas de desigualdad de género, regalar los oídos de las personas sensibilizadas con este asunto y contribuir con ello a obtener su adhesión y como consecuencia el mejor resultado posible en unas elecciones.

Como no creo que la mayoría de estos políticos y líderes que nos hablan de esta manera incorrecta -según la R.A.E. y demás academias como ya he indicado- cuando se dirigen a nosotros en público, hicieran lo mismo si mantuviéramos una conversación privada, sin medios que recogieran y publicaran el mensaje, lo que percibo es, efectivamente, más que ninguna otra cosa, postureo y electoralismo. Y no lo creo porque encuentro dos motivos poderosos para que no lo hicieran: el primero porque en el uso habitual no dejan de hacer caso de una característica primordial y común a todas las lenguas, como es la economía. -¿Qué sentido tiene duplicar el gasto en saliva, tiempo y concentración usando dos palabras cuando una de ellas sola engloba a las dos y expresa todo lo que ambas pueden transmitir? ¡Cuánto más si eso ha de reproducirse decenas de veces en un discurso!- El segundo, íntimamente imbricado con el primero, porque sin duda alguna ninguno cree que haya entre su audiencia alguien que deje de percibir con la suficiente exactitud su mensaje completo si omiten el desdoblamiento.

Por más que intuya la matraca que deben sufrir por parte de sus asesores estos políticos para no hablar como lo hace todo el mundo, de una manera que tachan como sexista, espero de su capacidad y sentido crítico que no se escondan ante una cuestión polémica como ésta y expongan su criterio y razones para este uso. Pero no, lo que ocurre es que optan por el maquillaje y el escaparate, por lo más sencillo y barato, como no deja de serlo apuntarse a esa corriente de cierto pensamiento feminista que tiene como necesario ese uso, lo reivindica y lo promueve, aunque ello vaya en contra de la opinión de los especialistas académicos sean éstos hombres o mujeres. Veo así una contradicción entre lo que de verdad se cree, porque es lo que se practica como habitual en el ámbito privado, y lo que se ven obligados a decir, lo sientan o no, en cada intervención pública. En resumen: hipocresía.

Esto no supone, naturalmente,  que los que se someten a este dictado, de un sexo u otro, no tengan firmes convicciones sobre la igualdad entre las personas, de manera independiente de cual sea su sexo, y también de la necesidad de combatir ese sexismo que existe en muchísimos aspectos de nuestra sociedad -yo no lo sé, pero se lo doy por bueno- sino que en el mejor de los casos no le dan la máxima prioridad ni proponen o legislan medidas que verdaderamente igualen a todos, sino que aceptan el camino fácil, aunque tedioso, pero hipotéticamente rentable, de intentar contentar a todos, orillando la polémica sobre este uso particular del desdoblamiento, y sumándose así, desde mi punto de vista de manera equivocada, a esa corriente feminista porque deben creer, supongo, que los prestigia y los salvaguarda de presentar flancos donde el adversario pueda hincar el diente.

Y me pregunto si los asesores y ellos mismos han considerado las consecuencias negativas en los que los escuchan del aburrimiento y el desinterés por la falta de agilidad y por la reiteración, y la escasez del mensaje, que esta práctica produce, al obligar a acortar el discurso, que necesariamente debe hacerse breve para que puedan caber todas esas repeticiones…

Quizá sólo sea mi caso, pero cuando escucho un comienzo del tipo “quiero deciros a todos y todas” pierdo todo interés por saber qué es lo que sigue, aunque mirado desde otro punto de vista puede que sea éste, además de decir lo menos posible, limitándose a muy pocas ideas para no distraer o dispersar al electorado, el objetivo que se busca conseguir: que lo dicho no sea escuchado, y en la mayoría  de los casos no cale y sea olvidado de inmediato. Al final el triunfo aplastante del engatusamiento y el humo de pajas.

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Función de despedida

Las inauguraciones y clausuras de los Juegos Olímpicos se han convertido en el espectáculo heterogéneo de mayor audiencia mundial. Como consecuencia supone un trampolín de lanzamiento único para artistas y más cosas que se cuelan adornadas o camufladas. Al margen de cualquier valoración sobre los criterios estéticos actuales de los británicos, en la moda, la escenografía y el vestuario, la despedida me pareció ramplona tanto en la idea como en la realización. No obstante, como no soy experto en ninguna de las dos disciplinas, sino un simple espectador, puedo permitirme decirlo con toda naturalidad. Si alguien más sesudo o conocedor de los entresijos y dificultades me ilustra, estaré encantado de aprender.

Pero de lo que yo quería hacer crítica, sobre todo, es de la inclusión de Imagine de John Lennon. Al principio, cuando el coro comenzó con la primera estrofa, yo que la he disfrutado y considerado un himno, me conmoví, pero, sin dejar de disfrutar de las notas del piano y el fraseo único de Lennon, caí en la cuenta de que el mensaje de la canción es diametralmente opuesto al espíritu de la celebración y del Comité Olímpico Internacional. Lo que dice la canción y decía Lennon cuando la compuso y la cantaba, era justamente que nos imagináramos abandonando conceptos que nos diferencian artificialmente, como los países y las religiones, para unirnos en el reconocimiento de la hermandad del ser humano, en paz y armonía.

Se me ocurren varias explicaciones a la inclusión de esta canción con este mensaje, la primera que el responsable directo del guión, y quien lo ha autorizado, hayan querido colocar una carga de profundidad para abrir un boquete en el entramado inmoral de intereses en que se han convertido los Juegos Olímpicos, en particular, y las relaciones internacionales políticas y económicas, en general. La segunda es que ninguno de los responsables sepa leer y escuchar, sean unos analfabetos funcionales, y no sepan distinguir el mensaje de una canción como ésta -con afirmaciones comunistas como la renuncia a la propiedad privada- con los de una canción de amor resultona. La tercera, la que considero más probable, y consecuentemente la que me produce indignación y repulsa, es que consideren toda la propuesta de la canción de Lennon, periclitada, digeridos y regurgitados en forma de «marshmallow» todo su carácter y fuerza revolucionaria.

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El presidente y los ciudadanos en televisión

Lo cierto es que la primera impresión no se ha desvanecido en las dos horas que ha durado el programa. El presidente ha estado desplomado, como suele ser habitual en él, haciendo evidente que carece de un dominio de la expresión oral fluída, incapaz de gestionar argumentaciones complejas, o de matizar de manera clara y convincente. Se le notaba tenso, aunque ha ido relajándose conforme se acercaba inexorablemente el final. Ha utilizado siempre el tuteo –empezando por el presentador del programa-  en un intento de aproximación que se presumía imposible desde el momento en que los ciudadanos tenían la consigna de no hacerlo, y efectivamente, no transmitían sentirse con ganas de compadrear. Se ha extendido siempre en exceso en las respuestas, preso –hay que suponer- de las consignas que le habrán transmitido los expertos colaboradores que le hayan aconsejado, con unas pautas argumentales preconcebidas, que pasaban por enumerar y reiterar lo que consideraba logros de su legislatura. Al principio la sensación de desvalimiento, tras ese decorado frágil e incómodo, que apenas le permitía apoyarse, era penosa. Tras el descanso, sin duda alguien –puede que el propio Milá- le haya indicado que debía situarse delante del pseudo atríl/mesa alta de bar, aprovechando el espacio para caminar y dar una sensación de mayor control de la tarima, y eso le ha dado oxígeno, y también las preguntas más atemperadas que ha recibido. Ha habido un momento más imprevisible que los demás, cuando al borde del final, el joven abogado malagueño, que le había preguntado al principio, ha insistido en ponerle contra las cuerdas en el asunto de De Juana, saltándose el protocolo y dando la sensación de personalidad incontrolada…Afortunadamente para Rodríguez Zapatero, no ha pasado de ahí…

         Casi todas las respuestas le han pillado sin capacidad para contestar exactamente a lo que se le preguntaba y todos sabemos por experiencia lo mal que sienta eso. Ese era el sentimiento que se podía translucir en los gestos de los ciudadanos, de confirmación de la pantomima, de la inutilidad de la pregunta –algunos lo han expresado así, haciendo referencia a su buena cintura para eludir contestar directamente-, de satisfacción con excepciones, sin embargo, por protagonizar un hecho sin precedentes, por ejercer de interlocutores con el poder, también.

         Cuando, para terminar su intervención el presidente ha soltado una especie de invitación a terminar de contestar a las preguntas previstas en Moncloa –más de la mitad, 58, han quedado sin expresar- el desconcierto ha quedado flotando: ¿Estaba el presidente del Gobierno, invitando a 100 personas a terminar la charla en su residencia oficial, sede de la Presidencia del Gobierno? Milá lo ha resuelto provisionalmente recogiendo la propuesta y especificando que dichas preguntas serían trasladadas a la Presidencia para ser contestadas…

         A lo largo de todo el encuentro lo que sí ha hecho el presidente José Luís Rodríguez Zapatero, además de lo ya indicado, ha sido transmitir la habitual sensación de veracidad apoyada en una cierta ingenuidad, de convencimiento en el alcance de su política social, de orgullo por representar a los españoles, de constatación de la limitación que realmente tiene el ejercicio supremo del poder político en España, mencionando repetidamente a otros poderes, el judicial, los agentes sociales, los empresarios, el cuerpo legislativo europeo. Es en este sentido donde no ha defraudado a sus seguidores, que pueden continuar viendo en él a alguien poco hábil en el fragor de la dialéctica política, pero con voluntad e ideas de progreso convincentes.

         No ha contestado escrupulosamente a ninguna pregunta excepto la referida a Navarra como elemento de negociación, no ha entrado en sus enfoques, manteniéndose siempre a la defensiva, pero  ha aprovechado para decir: Que su prioridad desde que estaba en la oposición era acabar con el terrorismo y lo sigue siendo ahora, que Navarra no ha entrado en la negociación, luego no es moneda de cambio, remitiendo a que serán los navarros los que decidan, dentro de la Constitución, sin entrar a comentar qué pueden tener que decidir. Que el caso De Juana era excepcional –lo ha dicho, al menos, dos veces- sin explicitar por qué y contradiciendo el sentido de las explicaciones generalizadas de sus portavoces de que se encontraba sujeto a los procedimientos habituales del ejercicio de la legalidad. Ha repetido que lo conseguido había sido evitar una muerte, y mantenerlo privado de libertad. Puede que alguno le haya apostillado sobre este aspecto –dado como se percibían los ánimos de la mayoría del grupo-  pero no se ha escuchado. Que  nadie concurrirá a las elecciones autonómicas ni municipales sin haber cumplido escrupulosamente la Ley de Partidos. Ha expresado inequívocamente su disconformidad con la posible imputación ante el Tribunal Penal Internacional de la Haya del ex presidente Aznar. Ha reconocido la labor de la Monarquía y ha dejado fuera de cuestión ese aspecto, argumentando que era una pieza maestra de la Constitución. Y por añadidura, ha soltado cada vez que le han dado un mínimo pie su lección aprendida de la bonanza económica, los puestos de trabajo creados, el paro disminuido, el puesto privilegiado en la lista de los países que más crecen, y también la de los aumentos en gasto social, pensiones, nuevos derechos sociales, subvenciones a sectores desfavorecidos o más débiles…