Anteanoche, cuando pasaban 36 minutos de las doce y recibí la noticia de que en el referendum colombiano sobre la aprobación del acuerdo de paz, negociado durante cuatro años entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, había ganado el “no”, confirmado dos minutos más tarde por otra cadena, sentí alivio. En medio ví como en Twitter, una amiga a la que tengo por bien informada y con criterio se lamentaba de manera amarga del resultado.

¿Por qué mi alivio y la pesadumbre de ella? ¿Por qué si a ambos, estoy seguro, la guerra nos parece abominable y como consecuencia lógica e inmediata queremos la paz, reaccionamos de manera casi opuesta?  Creo que lo que nos ha diferenciado es el precio que cada uno ha considerado que una sociedad debe estar dispuesta a pagar. O diciéndolo de otra manera: qué principios nos han parecido irrenunciables y cuáles o qué parte de algunos una sociedad muy amenazada, aun con el mayor esfuerzo, debería estar dispuesta a ceder a cambio de la paz.

En los días anteriores a la votación ya había pensado que en los partidarios de la aceptación del acuerdo apreciaba un cierto síndrome de Estocolmo, tan comprensible entre las víctimas, que luego, en mi opinión, ha sido confirmado por la mayoría que ha votado esta opción en las zonas más afectadas…¿Pero y los demás, los que sin haber sido víctimas directas defendían el voto afirmativo, qué más los movía? Me decía que una mirada al futuro, un deseo perfectamente comprensible de disfrutar de unas oportunidades vitales no condicionadas por la amenaza de una violencia imprevisible e incontrolable, el aseguramiento de los beneficios inherentes a la paz, la libre e intensa circulación de personas, el optimismo, una economía floreciente en todos los niveles, no sólo en los pocos que se aprovechaban de las hostilidades.

Sabiendo y compartiendo esos argumentos, que el mejor futuro pasa por ellos, por que se cumplan, me preguntaba también qué consecuencias trendría para este futuro la aceptación de un acuerdo que implícitamente vulneraba las bases de una convivencia democrática, como es el respeto escrupuloso a las leyes, a los acuerdos de funcionamiento que una sociedad ha creado para regir el comportamiento de sus individuos. Me preguntaba en concreto qué consecuencias tendría en la sociedad colombiana el que los que despreciando esas normas hubieran adoptado otras propias, entre las cuales no hubiera ninguna que impidiera hacer todo el daño posible a unos también creados enemigos, con el fin de conseguir e imponer al resto unos objetivos políticos, que efectivamente se hubieran dedicado en cuerpo y alma a ello durante cincuenta y dos años, y que viéndose incapaces también de alcanzarlos de esta manera, finalmente lograran un acuerdo con las víctimas que les permitiera reintegrarse y volver a ese marco de convivencia que abandonaron,  y no pagar el sobreprecio de las consecuencias de esos actos, como si nada hubiera pasado ni a nadie hubiera afectado. Como una pesadilla que al despertar se desvanece. ¿La propia asunción de responsabilidad y publicidad de la tragedia serviría de suficiente escarmiento para todos, o dejaría el poso del ejemplo válido conforme a sus resultados y propiciaría que otros quisieran aventurarse a probar ese camino?

Puede que el ser humano haya superado, o esté en fase de hacerlo, al menos colectivamente, los rasgos estímulo/respuesta descubiertos en la investigación de Pavlov, y pueda dar respuestas complejas a estímulos también complejos, pero si al nivel individual no es así, si todavía es vigente la conclusión de que lo que hace que un individuo no acerque en exceso la mano al fuego es que ya lo ha hecho anteriormente o ha visto a alguno hacerlo y sabe cuales son las consecuencias, los que eligieron a conciencia la violencia para imponer ideas e intereses y despreciaron en mayor o menor medida las consecuencias en las vidas de todas sus víctimas, no pueden dejar de ser juzgados, sometidos a las mismas normas que rigen para todos los demás individuos que forman parte de la sociedad en la que quieren reintegrarse. Se perdería el efecto de conocimiento ejemplarizante. Y no sería justo al dejar de ser  igualitario. Habría un trato de favor inducido por la amenaza y me resulta muy difícil creer que esa injusticia tuviera la capacidad de ser en el futuro un buen caldo de cultivo de una sociedad sana y próspera.

El asesinato, la extorsión, el secuestro, el lastre económico…Todo espantoso, pero no dejo de tener un profundo e inevitable sentimiento de que la sociedad colombiana estaba siendo forzada a aceptar un chantaje, que la paz de la normalidad y el futuro tenían el precio de aceptar la desigualdad ante la ley, una desigualdad no justificable sino viciada, la necesidad de asumir que debían producirse excepciones, y eso no me parece un precio aceptable, por lo apuntado antes, la mala semilla que siembra.

Me hubiera parecido diferente y mejor la vía de haber alcanzado un compromiso para que soberanamente, aunque fuera teniendo en cuenta de manera inexorable la terrible realidad existente, los legisladores colombianos hubieran introducido matices o correcciones en su código penal que facilitaran y promovieran la reinserción de los automarginados, con tratamientos más benevolentes o ajustados a sus realidades concretas, pero sin eliminarlos, sin ahorrarles el paso por la justicia y sin ningún tipo de privilegio de otra índole, lo que tendría la virtud de atañer a todos, de ser leyes para todos y así evitar en gran medida la negativa excepcionalidad, la insoportable y perversa impunidad subyacente…Pero, puedo estar equivocado, sobre todo cuando no hay que olvidar que hay algo que pende inoculado sobre todas las conciencias en Colombia y es muy pesado de remover: que la excepcionalidad de triste y desacreditada memoria ya se practicó.