Me sorprendo, leyendo El País del 24 de enero en su edición digital, con el siguiente titular:  Presidentes del fútbol español solicitan el indulto para Del Nido.

Que el sentenciado en firme a una condena de cárcel no tenga empacho ni impedimento moral alguno para pedir y recoger apoyos para solicitar un indulto al Gobierno, no me llama la atención; está en la línea de listillo y abusador de su posición del poderoso. Concuerda además con el carácter que suelen tener: muy atrevidos para delinquir pero muy remisos a afrontar las consecuencias legales de sus actos.

Lo que me parece digno de resaltar por lo insólito, es que su requerimiento tenga eco en las más altas instancias del fútbol de este país. Invita inmediatamente a preguntarse por qué los firmantes, la mayoría de presidentes de primera y segunda división, jugadores relevantes o los mismísimos presidentes de la Federación y de la Liga de Fútbol Profesional, no se han negado. Una respuesta como la que han dado podría hacer pensar que aprueban su comportamiento, o en el mejor de los casos que no les parece de la gravedad que la justicia ha catalogado y quieren contribuir a enmendar este error. Eso, a su vez, puede hacernos deducir que todas estar personas no sienten esa misma gravedad de los hechos sentenciados porque les resultan familiares, bien porque los practican o los han practicado, o porque los han visto practicar ¡vamos, que los perciben formando parte de algo próximo y normal, quizá incluso habitual, nada por lo que merezca la pena oponerse de manera frontal y destacarse!

Puede ocurrir también que en todos ellos, o algunos, no haya prevalecido una expresión de comprensión, de solidaridad de compinche, sino la prevalencia de la amistad por encima de las leyes, algo por otro lado muy bien visto y extendido, muy tribal, basado en un concepto de la amistad que viene a decir: la justicia no es compatible con la amistad, si toca elegir entre ambas hay que elegir la amistad, a las víctimas que las amparen sus amigos que a mi me toca hacer honor a mi amistad con el victimario y le amparo, aunque lo que haya hecho sea una indecencia, una ilegalidad o haya perjudicado a otros.

Esto me sugiere otra pregunta: ¿Reaccionarían de la misma manera estos “solidarios” si llegara el caso de que fueran ellos las víctimas?

Sea cual sea el motivo de cada uno de los firmantes, a mi su posición me produce, siendo bien pensado, una sensación de falta de altura moral, de despiste ético, de ignorancia y autocomplacencia, y me recuerda lo necesario que sería para el desarrollo y el progreso de este país, como de cualquier otro que no la tuviera ya, una asignatura de ética ciudadana en la educación básica, donde se repasaran todos los conceptos clave para entender el funcionamiento de una sociedad moderna democrática, qué supone el contrato social, qué es el bien común, qué la separación de poderes y un largo etcétera, que las personas que ocupan puestos públicos o semipúblicos en la sociedad deben conocer bien como una obligación ineludible para ocuparlos. Quizá haya que proponer también un examen previo para acceder a ellos, y no dar este conocimiento por supuesto; eso facilitaría no presumirles ignorancia y en consecuencia poder calificarlos en la sociedad apropiadamente.